Día soleado, la ciudad comienza a teñirse de otoño, tiene que apurarse para llegar a tiempo a la estación. El tren sale en diez minutos, Matías lo sabe, igual su paso no se acelera; está seguro que llegará a tomarlo.
La formación que conecta José León Suárez–Retiro arribó, lentamente. Se subió al furgón como todas las mañanas. Se sienta, mira a su alrededor, su rostro demuestra preocupación. Poca gente a la vista. Saca de su bolso una tijera junto con una bolsa transparente, los cogollos entraron en escena. Con mucha delicadeza, corta y corta. La palma de su mano se transformó en color verde. Colocó el lillo en su otra mano y desparramó el contenido; pulgar e índice comenzaron a girar. Terminó el armado del porro, mecha y primera pitada.
Su cara refleja alegría y la sonrisa es la protagonista. Contempla el paisaje por donde va el tren. Me pregunto si buscara formas extrañas en aquellos lugares que a diario recorre; el viento acaricia su cara.
Dos jóvenes corren del furgón al vagón, se inquieta, mira a su alrededor, sospecha que la Policía está en el tren. Arroja el cigarrillo, lo pisa y guarda lo que queda en su bolso. El vagón siguiente estaba repleto, un grupo de jóvenes se acerca al policía y le dicen: “En el furgón hay un chico fumando un cigarrillo, emana mucho olor a marihuana”. El personal a cargo de la seguridad, se acerca y lo detiene.
Situaciones como las de Matías inundan la ciudad, el porro, la policía y la lucha contra los estereotipos –aquel que fuma marihuana es delincuente- son algunos de los protagonistas que siguen flotando alrededor de la Ley 23.737 [1] que establece el Régimen Penal de Estupefacientes y penaliza la tenencia de drogas, aun cuando por su escasa cantidad queda establecido que es para consumo personal.
Un avance en el pedido que hace varios años llevan adelante las agrupaciones cannábicas de nuestro país, se sucedió el martes 15 de mayo, cuando los diputados de la nación, Victoria Donda, Diana Conti y Ricargo Gil lavedra representantes de las tres principales fuerzas políticas de la Cámara de Diputados –Frente Amplio Progresista, Frente para la Victoria y la Unión Cívica Radical- confeccionaron un borrador del proyecto de ley para despenalizar la tenencia de drogas para uso personal.
La elaboración de este proyecto de reforma de la Ley 23.737, permite todos los actos derivados del consumo, tanto la tenencia de drogas como el cultivo de marihuana y las semillas. Aunque, la producción, almacenamiento, transporte y distribución de sustancias ilegales seguiría penada cuando la finalidad sea el comercio.
“Y cambia el paradigma sobre la tenencia simple (o sin finalidad): si tenés es porque consumís y es el fiscal el que tiene que probar el delito de comercialización”, comentaba Victoria Donda, diputada por el Frente Amplio Progresista, al salir de la reunión entre sus colegas. Por su parte, la diputada Diana Conti, adelantaba que el 31 de mayo comenzaría a trabajarse el borrador en un plenario de comisiones.
Día histórico en el Congreso de la Nación
El reloj marcaba las diez y media de la mañana, la sala del segundo piso Anexo del Congreso, estaba repleta, mucha expectativa se sentía en el primer plenario de las comisiones de Prevención, Adicciones y el combate al Narcotráfico y de Legislación Penal en vistas a modificar la Ley actual de Drogas.
El Juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, comenzó la exposición, con una respuesta a la diputada Patricia Bullrich quien preguntó si era necesario despenalizar la tenencia para uso personal, ya que la Corte se había expedido al respecto. Vale recordar el caso de Sebastián Arriola, un joven al que se le encontraron bajas dosis de marihuana durante un allanamiento que se realizó a mediados del 2005 en Rosario. Años después, la actual conformación de la Corte Suprema de Justicia dictó la inconstitucionalidad del Artículo 14 de la Ley 23.737 [2] y avaló, por voto unánime, la tenencia de bajas cantidades de marihuana para consumo personal. “La ley sigue vigente y la corporación policial continua deteniendo consumidores”, respondió Raúl Zaffaroni, en medio de una extensa explicación respecto de la criminalización de los usuarios de drogas.
Este día histórico, que sin duda iba a ser un quiebre en el debate acerca de la despenalización de las drogas, el juez de la Corte Suprema, aclaró que el consumo es un problema de salud y que tiene su propia naturaleza. Si se lo saca de ahí y se lo lleva a una naturaleza que le es artificial, como la esfera penal, no se resuelve el problema. El final de la exposición de Zaffaroni, fue traer a colación “sentencias aberrantes”, como la de un consumidor a quien la policía le encontró “restos de marihuana en el bolsillo” y fue arrestado “por hacer peligrar la seguridad nacional”. En ese sentido, el Magistrado consideró que “no es proselitismo el consumo en la vía pública, algunos pueden fumar marihuana en su terraza, otros se tienen que arriesgar en la calle”.
Quien seguía en la lista de oradores era la persona que coordinó la Comisión de Políticas Públicas en Drogas, que asesoró al Gobierno Nacional durante cinco años, fiscal, especialista y profesora adjunta de la UBA, Mónica Cuñarro. Todas las miradas se posaron sobre ella, quien se mostró a favor de debatir en Diputados el proyecto de consenso entre Conti, Gil Lavedra y Donda, y explicó que no es lo mismo el uso, el abuso y la dependencia a las sustancias, también, citó un gran estudio que se hizo, en 51 mil hogares: “Más del 50 por ciento de abuso y adicción tenía que ver con el alcohol”. Luego sigue el tabaco, los psicofármacos, la marihuana, la cocaína y por último el paco.
El cierre estuvo a cargo del encargado del tema sobre adicciones en el Ministerio de Salud, Alberto Calabrese. Su discurso fue el corolario de una jornada abierta al debate. La sala quedó perpleja frente a un cierre que sin dudas fue lapidario: “Nosotros, los seres humanos, desde hace 70 años libramos esta guerra contra las sustancias. El adicto, recuerden, puede estar sentado acá, puede ser un familiar, un primo o un hijo, no es un enemigo, es una persona que se descoloca en un punto porque es lo que se resignificó antes; esto es lo importante. El día que le pusimos el dedo a esta incriminación previa, condenamos a inclusiones y exclusiones de todo tipo y en todo momento. Esta historia empieza con un modelo ético-jurídico, lo sigue un modelo positivista médico, que deviene en el punto de vista médico hegemónico. Esta asociación nefasta hasta el día de hoy nos controla la vida”.
Sigue el debate
El segundo plenario en diputados estuvo centrado en los aportes de activistas y especialistas, ONG, algunos funcionarios y ex funcionarios. La lista de oradores era extensa, pero a último momento, decidieron darle prioridad a quienes vinieron de algunas provincias del interior del país.
El primero en hablar fue Roberto Moro, Subsecretario de Salud Mental de La Pampa, en pocas palabras trazó las dificultades de implementar una política pública para conseguir más espacios de salud en los casos de consumo problemático bajo una ley que “tiene una mirada demasiado judicial” sobre el usuario. Resaltó que en el imaginario social se considera al que consume un delincuente. La idea se sumergió en varios discursos que conmovieron a los presentes, como el de una usuaria medicinal de cannabis y cultivadora y dos madres contra el paco.
Siguió el turno del director de la revista de la cultura cannábica –THC-, Sebastián Basalo, que enfatizó en la urgencia: “Mientras hablamos acá, hay un flaco de 24 años preso en Campana desde fines de marzo por 10 gramos y una planta”. Muchos cultivadores y consumidores, eran escuchados a través de Sebastián quien no dudó en afirmar que el autocultivo, debe incluirse en la reforma porque de otra manera el “Estado le dice al usuario de marihuana: ‘Yo quiero que financies el narcotráfico’”.
En medio de un largo y caluroso debate, entró en acción el doctor Guillermo Serpa Guiñazú, quien fue invitado por el diputado nacional del Peronismo Federal, Eduardo Amadeo. Guiñazu no dudo en afirmar que: “Sobre los usuarios, podemos decir que el tratamiento que ofrece la ley actual es optativo”. “Mentira. Si no lo hacés vas preso”, le recordó sin titubear la diputada del Frente para la Victoria, Diana Conti. Algo nervioso y acalorado, Amadeo pidió que no se interrumpa a su invitado. El doctor, siguió con su exposición, aunque las miradas con recelo se notaban a simple vista, insistió en que la Argentina, de avanzar en algunos puntos propuestos en el proyecto de consenso elaborado por Conti, Gil Lavedra, Donda, habría que “denunciar” la Convención de Estupefacientes de 1988 firmada en Viena. Aunque, en el primer plenario, el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, en respuesta a la dipitada Patricia Bullrich, había explicado que eso no era necesario.
El consenso: no criminalizar a los usuarios
En el anexo del Congreso, en un salón que era más pequeño que el del día anterior, comenzaba el tercer, pocos diputados de las comisiones de Prevención de las Adicciones y Control del Narcotráfico y de Legislación Penal, dijeron presentes, la ronda de consultas incluyó nuevamente a diversos sectores.
No faltó la voz de disertantes ligados con las comunidades terapéuticas o con la Iglesia, quienes trataron de minimizar el impacto de la reforma penal y su urgencia, mostrándola como una iniciativa que distrae a la sociedad mientras la falta de inversión en salud pública e inclusión social, sigue existiendo.
Un silencio invadió el recinto cuando Alicia Romero, perteneciente a Madres Contra el Paco y por la Vida, tomó la palabra y enfatizó fuertemente: “¡Basta de hipocresía! ¿Seguimos penalizando o damos asistencia? Esa es la decisión que hay que tomar”, en torno a este planteo siguió el último plenario en diputados. Por su parte, Fabián Chiosso, titular de la Federación de ONG especializadas en tratamiento, defendió “el primer contacto” de los usuarios con la policía, si sirve para ofrecer tratamientos. “No es cierto que los adictos no se acerquen al sistema de salud por la criminalización; la accesibilidad tiene que ver con el diseño de los tratamientos y el modo de direccionar las políticas públicas”, aseguró, luego de afirmar que la incidencia de los tratamientos judicializados es ínfima en las ONGs, aunque concluyó que: “De todas formas, estamos de acuerdo en no criminalizar”. Le siguieron, la representante de la Fundación Convivir, María de las Mercedes Aranguren, quien coincidió en darle más financiamiento a los tratamientos.
Luego de varias horas de arduo e interesante debate, llegó el momento Ricardo Paveto, de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (Arda), quien advirtió, lo que luego sería título de varios matutinos: en referencia a la normativa actual, “hay drogas que hacen mal, pero hay leyes que hacen peor”. Varias miradas, se unieron, muchos quedaron realmente perplejos al escuchar esa afirmación, pero aún no había terminado, Paveto, luego afirmó que el usuario heredó el estigma del loco: “Es peligroso, es incapaz y debe ser encerrado”. También concluyó, que la óptica de reducción de daños no establece un modelo universal para todos. “Es aceptar al sujeto y su singularidad clínica, no atendemos enfermedades, sino pacientes. ¿O el único diálogo posible con la población afectada es la detención policial?”.
La voz de la Iglesia tuvo lugar en esta tarde en la Cámara de Diputados, dos curas se hicieron presentes, comenzó, Gustavo Carrara quien focalizó su exposición respecto al paco: “El paco puso de manifiesto la exclusión en la que viven muchos pibes, como pasó con el Chagas. Vengo del velatorio de un consumidor. No murió por el paco sino por la exclusión”. Lo siguió su colega Carlos Olivera quien no titubeó en pedirles a todos los presentes que el debate no se cerrara con esta reforma y requirió ampliarlo para conseguir más y mejores tratamientos para los usuarios.
Los plenarios llegaron a su fin, las voces de todos los sectores fueron escuchados en la Cámara de Diputados de la Nación, resta esperar que puertas adentro de cada despacho analicen lo debatido en estas jornadas, en busca de un consenso. Si esto se logra, antes del receso invernal se trataría el proyecto de ley en el recinto.
En estos días en el que el debate llegó para quedarse, deja en claro que preparan a las sociedades para llegar a una maduración y poder afrontar algunas problemáticas, en este caso la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal. La historia aún sigue sin un cierre definitivo.
María José Castro
[1] Ley N° 23.737 TENENCIA Y TRÁFICO
DE ESTUPEFACIENTES, sancionada el 29 de Septiembre de 1989 promulgada en
Octubre de ese mismo año.
[2] Artículo 14. Será
reprimido con prisión de uno a seis años y multa de ciento doce mil quinientos
a dos millones doscientos cincuenta mil australes el que tuviere en su poder
estupefacientes.
La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal.
La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal.
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